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Desde hoy, no es necesaria la cédula azul para manejar un auto que no es propio

A partir de ahora, ya no será requerida la presentación de la tarjeta azul para operar un vehículo que no pertenece al conductor.

Los operadores de vehículos podrán mostrar la tarjeta verde, incluso si está a nombre de otra persona. El Ministerio de Justicia de la Nación ha anunciado una serie de cambios relacionados con los Registros de Automotores y los procedimientos realizados allí.

Uno de estos cambios es la emisión de tarjetas de identificación para los propietarios de vehículos y aquellos autorizados a conducirlos.

Desde cuando se elimina la cedula Azul

Se suprimirá la tarjeta azul: desde mayo, cualquier individuo podrá transitar por el territorio de la República Argentina simplemente mostrando, ya sea física o digitalmente, la tarjeta verde del propietario del vehículo.

Se eliminará la fecha de caducidad de todas las tarjetas verdes. La Tarjeta Única de Identificación del Vehículo, anteriormente conocida como tarjeta verde, es un identificador que muestra el dominio, nombre y documento del propietario, marca, modelo, número de chasis y motor.

La Tarjeta de Identificación para Persona Autorizada a Conducir, previamente denominada tarjeta azul, es el mismo identificador mencionado antes pero con el nombre de la persona que, a través de ese documento, el propietario autoriza a conducir.

Con este anuncio del gobierno, ya no será necesario llevar consigo la tarjeta azul para conducir un vehículo que no sea de propiedad del conductor; es decir, el propietario no necesitará autorizar a otras personas para que manejen su coche.

Que benenficios proporcionaba la cedula azul

Los beneficios que proporcionaba la tarjeta azul, según los Registros de Automotores incluyen:

Incrementaba la seguridad vial en general, y la seguridad del dueño del vehículo y del conductor en particular. Limitaba el uso de los vehículos solo a las personas que están autorizadas por los propietarios.

Aseguraba que cualquier persona que maneje un vehículo, ya sea el titular registral o alguien autorizado por este, tenga una identificación.

Facilitaba que un tercero pudiera llevar el automóvil a un país vecino de manera temporal. Permitía al titular cancelar la autorización concedida en cualquier momento.

Hasta el día de hoy, la Tarjeta de Identificación para Persona Autorizada a Conducir tenía un costo de $5290 en los Registros Automotores a nivel nacional.

¿Cuáles son los cambios implementados por el gobierno en los Registros de Automotores?

El Ministerio de Justicia ha enumerado una serie de modificaciones en la DNRPA. Esta decisión surge como parte de la primera fase de la auditoría que busca «reducir costos y eliminar trámites burocráticos».

Cierre del 40% de los Registros de Automotores. Comenzará con aquellos que han estado intervenidos por más de dos años, y luego los demás. Reducción del 30% del personal en la Dirección de Registros de Automotores, dentro de un «plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas».

Eliminación del Certificado de Transferencia Automotor (CETA) para la compra-venta de autos usados (algo que ya ocurrió). La tarjeta azul se eliminará a partir de mayo.

Así, cualquier persona podrá moverse dentro de Argentina al mostrar la tarjeta verde del titular de manera digital o física. Las tarjetas verdes no tendrán vencimiento. Digitalización de todos los expedientes de los vehículos para crear un «registro digital único y completo».

Además, la verificación policial de vehículos será digital. Se abolirá el régimen que «establece el monopolio de la Casa de la Moneda» en la adquisición de insumos.

Se incrementará el monto que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para la adquisición de un vehículo.

En tanto, los titulares de los registros seccionales asumirán todos los costos operativos, «ajustando sus ingresos a la labor efectivamente realizada y su productividad».

De este modo, el Ministerio de Justicia podrá supervisar la estructura de costos de los Encargados de Registros.

Además, el gobierno propondrá a las provincias «la adhesión al convenio de reducción de impuestos de sellos y patentes provinciales», para disminuir el costo de las «operaciones registrales», que puede llegar hasta el 70% del total de una transferencia.

Por su parte, se implementara un «Régimen de Concursos Transparentes» con el fin de evitar la contratación de personas que hayan desempeñado cargos políticos en los últimos diez años.

Así como de sus familiares y de aquellos que no demuestren los requisitos de idoneidad y experiencia en el sector privado necesarios para ejercer dicha función.

Además, se realizará una auditoría del sistema de supervisión de los registros seccionales por parte de la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

Este conjunto de medidas está diseñado para optimizar la eficiencia y reducir la burocracia en la gestión de registros automotores, disminuyendo también los costos para los ciudadanos y aumentando la transparencia en los procesos administrativos.

Al eliminar requisitos como la tarjeta azul y permitir la utilización de la tarjeta verde para conducir cualquier vehículo, el gobierno busca simplificar los procedimientos y facilitar la movilidad de los ciudadanos dentro del país, reflejando un esfuerzo por adaptar las políticas públicas a las necesidades contemporáneas y a la evolución tecnológica que permite la digitalización de documentos y procedimientos.

Estas reformas no solo pretenden mejorar la administración de los registros vehiculares sino también asegurar que los procesos sean accesibles y menos onerosos para el público general.

La iniciativa de digitalizar los registros y hacer que la verificación policial de los vehículos sea también digital es un paso hacia la modernización del sistema que busca eliminar redundancias y facilitar transacciones más rápidas y seguras.

La eliminación del monopolio de la Casa de la Moneda para la adquisición de insumos apunta a abrir el mercado a más competidores, lo que podría resultar en mejores precios y mayor eficiencia en la producción de documentos necesarios para la gestión vehicular.

Al mismo tiempo, el aumento del importe que obliga a informar el origen de los fondos para la adquisición de un vehículo tiene como objetivo aumentar la transparencia financiera y prevenir la evasión fiscal.

Con estas medidas, el Ministerio de Justicia busca no solo reducir la carga administrativa y los costos asociados a la propiedad y operación de vehículos sino también fortalecer la seguridad jurídica y la confianza pública en el sistema de registros automotores.

Este es un claro ejemplo de cómo las políticas gubernamentales pueden evolucionar para adaptarse mejor a las dinámicas modernas y las expectativas de los ciudadanos, haciendo que los servicios públicos sean más accesibles y eficientes para todos.

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